La noticia del cierre de estas explotaciones, aún lamentando la pérdida de empleos que pueda suponer, creemos que se debe valorar como positiva, ya que significa el fin de un modelo de actividad económica depredadora que genera impactos medioambientales, presentes y futuros y deteriora el patrimonio natural de los asturianos y que, para sobrevivir, amenazaba con extenderse a otras zonas de la región.

Con ello creemos que ahora se demuestra que las actividades de RNGM en Asturias nunca deberían haberse autorizado, porque los beneficios económicos que generan a corto plazo a la sociedad asturiana son menores que los costes económicos, sociales y ambientales que producen a corto, medio y largo plazo.

En este momento, es importante controlar que la empresa cumpla todos sus compromisos de restauración ambiental de las áreas afectadas y hacer lo necesario para que cuando las explotaciones y las balsas de lodos estén sin actividad no provoquen ninguna contaminación.

Por otra parte, conviene recordar que RNGM ha recibido de las administraciones públicas españolas cuantiosas subvenciones para su funcionamiento y para sus proyectos de investigación. Entre otras, en el año 2000, RNGM recibió del Ministerio de Economía y Hacienda, 2432 millones de pesetas para financiar las inversiones de sus proyectos en Asturias y la creación de 150 empleos. Caros han salido estos empleos a las administraciones públicas, si han servido para causar daños ambientales, y en 2006 ya desaparecen. Y los organismos concedentes deberían revisar cuales han sido los compromisos que asumió la empresa en cuanto a empleo, actividad y restauración ambiental y ver si procede que la empresa devuelva parte o la totalidad de esas cantidades por finalizar la explotación aparentemente antes de lo previsto.

Asimismo creemos que se debe advertir a la opinión pública de que, si esta multinacional cierra sus instalaciones, es, quizás, porque pretenden orientar su negocio por la vía judicial: su estrategia puede ser acusar al gobierno regional (que representa a toda la sociedad asturiana), de haberles impedido realizar sus "legítimas actividades empresariales mineras" y solicitar por ello una cuantiosa indemnización de muchos millones de euros. Es decir, la empresa puede aprovecharse de que a la sociedad asturiana, legítimamente, no le interesa asumir las dañinas repercusiones de este tipo de actividades (efectos o costes externos que no figuran en la contabilidad de la empresa, pero que afectan a la economía regional y son cuantiosos), para lucrarse sin necesidad de realizar inversión ni actividad. Habrá que estar muy pendientes de este juicio y confiar en que los jueces españoles no se crean las cuentas de la lechera que les presentarán la multinacional y sus "colaboradores" y no premien actitudes oportunistas o especulativas que perjudican el interés general.

Por último, creemos que de esta experiencia se deben extraer conclusiones. Entre ellas, que el crecimiento económico a costa de la destrucción o contaminación del territorio, los recursos naturales o el medio ambiente sólo beneficia a unos pocos y es pan para hoy y hambre para mañana. Y además limita nuestra capacidad de atractivo para actividades que generan más desarrollo social y más valor añadido. El modelo actual de crecimiento a base de la construcción, las grandes infraestructuras y la implantación de instalaciones de producción y transporte de electricidad muy contaminantes, propio de épocas pasadas, debería sustituirse por otro en el que se primen las actividades relacionadas con el conocimiento, la formación, la I+D y las nuevas tecnologías, los servicios, la puesta en valor de nuestros recursos naturales, etc, actividades que promueven la mejora de la calidad de vida, la salud y la conservación del medio ambiente.

Los Verdes d'Asturies

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