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El sindicato CC.OO ante el Día Mundial del Medio Ambiente

La toma de conciencia del cambio climático y la entrada en vigor de REACH, principales acontecimientos medioambientales del último año según CC.OO.

5-Junio-2007 Nota de prensa de CC.OO.

Este año hay dos motivos para celebrar hoy el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente: la toma de conciencia del cambio climático y la entrada en vigor del reglamento de control y evaluación de sustancias químicas (REACH, en sus siglas en inglés). No obstante, el medio ambiente sigue sufriendo un importante deterioro, tanto a nivel mundial como en España. El desarrollo sigue siendo insostenible y debería reconducirse hacia otro sostenible. CC.OO. ha hecho un repaso de la evolución del estado del medio ambiente en España en el último año.

Cambio climático

El cambio climático ya está aquí y la sociedad en su conjunto, por fin, está empezando a tomar conciencia de este reto medioambiental. Sin duda ha tenido mucho que ver el último informe del grupo de expertos de las Naciones Unidas, en el que los científicos avisan de las graves consecuencias sobre el empleo, el medio ambiente, la salud, la economía y que provocará migraciones masivas. El Informe Stern también ha contribuido a que el cambio climático ocupe ya las agendas de los políticos mundiales, quienes deberían llegar a acuerdos post-Kioto para reducir las emisiones globales, que siguen aumentando.

En España, uno de los países más afectados por los efectos del calentamiento global, las emisiones se redujeron un 4,1% en 2006 respecto a 2005, un dato positivo y esperanzador puesto que es la primera vez en muchos años que se produce una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Los planes aprobados por el Gobierno han empezado a surtir efecto, aunque aún es pronto para conocer su repercusión. También han contribuido a la reducción de emisiones la climatología favorable, el aumento de los precios del carbón, del gas y del petróleo y, sobre todo, la existencia de un importante parque de renovables, sobre todo, de energía eólica, que ha permitido la reducción de diecisiete millones de toneladas, el 3,7% del total.

Sin embargo, España está aún muy lejos de poder cumplir con el Protocolo de Kyoto -las emisiones en el periodo 2008-2012 no deben superar el 15% respecto a las que habla en 1990- y las medidas para frenar el calentamiento global siguen siendo insuficientes.

El borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Cambio Climático debería modificarse en el sentido que ya ha planteado CC.OO. -sobre todo, el desarrollo de una norma básica para la realización de planes de movilidad sostenible, sobre el uso de la energía en el sector servicios y el comercial y ecofiscalidad - y ser coherente en sus objetivos. En este sentido, todos los ministerios afectados deberían implicarse en una nueva política energética coherente entre todos ellos que apostase por la reducción de emisiones.

Es positivo que el Gobierno haya eliminado en el último momento las trabas a al desarrollo de las energías renovables en el nuevo Real Decreto que establece el marco jurídico para este tipo de energías, tal y como habían solicitado tanto las empresas del sector como diversas organizaciones ecologistas y sociales, entre ellas CC.OO.

El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones se está desarrollando satisfactoriamente y el reparto de cuotas de emisión en la industria se ha realizado adecuadamente. Sin embargo, es imprescindible que se pongan en marcha cuanto antes medidas de reducción de las emisiones en los sectores difusos, residencial y transporte, que son los que más están incrementando sus emisiones.

Riesgo químico

Un acontecimiento para celebrar es la entrada en vigor el pasado uno de junio del reglamento sobre Registro, Evaluación, Autorización y Control de Sustancias Químicas (REACH, en sus siglas en inglés), una norma que afecta a 30.000 sustancias de las más de 103.000 que se comercializan en Europa. Con esta norma, a pesar de los recortes que durante la negociación ha impuesto la industria química, Europa ha iniciado una nueva etapa en el control de las sustancias químicas. Según un estudio encargado por la Comisión Europea sobre la salud laboral, las sustancias químicas causan alrededor de 32.500 muertes por cáncer al año y se estima que una de cada tres enfermedades laborales está provocada por la exposición a sustancias químicas.

REACH unifica la legislación existente sobre las sustancias químicas y creará la Agencia de Seguridad Química, mejorará la salud laboral y la protección del medio ambiente y supondrá un avance significativo respecto a la situación actual en el control de las sustancias químicas. Introduce el principio de precaución y establece un marco para la sustitución de las sustancias más peligrosas en el caso de existir alternativas viables más seguras en el mercado. Además, se invierte la carga de la prueba, de modo que a partir de ahora serán los productores -y no la Administración- quienes tendrán que demostrar que una sustancia no es peligrosa ni supone una amenaza para la salud o el medio ambiente antes de ponerla en el mercado. Aunque no sea vinculante legalmente, REACH establece que los productores e importadores de sustancias químicas son los responsables de los daños que puedan ocasionar.

CC.OO. valora también que la tercera Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), reunida recientemente en Dakar, decidiese ampliar de doce a diecisiete el listado de sustancias tóxicas COP a eliminar o restringir a escala global, lo que supone un avance muy importante para la salud y el medio ambiente. Como aspecto negativo, hay que destacar el que la Conferencia de las Partes abriera la puerta al tráfico de residuos contaminados con COP, unas sustancias que no se degradan fácilmente en el medio ambiente y se acumulan en los seres vivos, ocasionando graves problemas de salud, especialmente a mujeres y niños. Los COP aparecen lejos de sus lugares de producción o uso por el aire y el agua, y sus riesgos para la salud y el medio ambiente tienen alcance mundial.

El Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un borrador de Plan Nacional Integrado de Residuos, que se está discutiendo con las comunidades autónomas. La prevención en la generación de residuos industriales tóxicos y peligrosos ha de ser una de las prioridades de este plan. En este sentido se deben dar los pasos hacia la aplicación de un plan de vigilancia y control de las instalaciones industriales para la aplicación y seguimiento de los planes de minimización empresarial recogidos en la legislación vigente. Sólo desde su concreción en los diferentes sectores productivos y la aplicación de las mejores tecnologías disponibles daremos los pasos necesarios para configurar un tejido industrial competitivo y que asegure un empleo de calidad.

La renuncia a tecnologías peligrosas para el tratamiento de residuos como la incineración, la exigencia a las empresas de sus responsabilidades con la sociedad en la gestión de los residuos y los mecanismos de control por parte de la Administración para el cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Residuos serán herramientas imprescindibles, así como la implicación de las comunidades autónomas. En la puesta en marcha del mismo, es imprescindible que el Ministerio de Medio Ambiente establezca los mecanismos adecuados que garanticen la participación de todos los agentes sociales a lo largo de todo el proceso de discusión, implantación y seguimiento de las políticas que en él se recogen.

Nueva política en la gestión del agua

El programa AGUA, que pretende modernizar y transformar la gestión de los recursos hídricos en España, avanza muy lentamente. Hay razones imputables a la propia Administración -derivadas de la escasez de personal-, pero también hay que achacar el retraso a la propia comunidad hídrica tradicional (regantes, compañías eléctricas, sectores de las confederaciones hidrográficas) y a resistencia de la oposición política al desarrollo del programa.

Es preocupante la lucha territorial por el agua, que puede generar desequilibrios en la gestión del recurso y agresiones al medio ambiente. Para evitarlo, habría que favorecer la participación de las organizaciones ecologistas, empresariales, de consumidores y sindicales en la gestión del agua, ya que ahora están representadas sólo de modo testimonial.

Prevención de la contaminación

Con la normativa de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPCC, en sus siglas en inglés) -que afecta a más de 5.000 instalaciones industriales en España- tenemos una oportunidad para avanzar hacia un modelo productivo sostenible y para mejorar la competitividad del tejido industrial español y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Se trata de pasar de un modelo correctivo a otro preventivo, en lo que se refiere a la contaminación industrial. Sin embargo, la aplicación de esta norma presenta serias lagunas y deficiencias que ponen en riesgo no sólo el cumplimiento de los plazos establecidos en la misma sino la propia consecución de los objetivos que marca la norma.

A finales de 2006 - según el seguimiento que el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CC.OO. viene realizando de la marcha del proceso- tan sólo se habían otorgado 1.000 Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) -un requisito imprescindible para poder seguir funcionando- y otras 1.000 estaban en fase de tramitación, lo que significa que para el 30 de octubre de 2007, fecha límite improrrogable, se deberán tramitar y resolver, aproximadamente, unas 4000 AAI, lo que no parece que vaya a suceder. Las razones de este retraso se deben, entre otras causas, a la insuficiente dotación de medios humanos de las administraciones autonómicas para acometer el complejo procedimiento técnico y jurídico o la deficiente calidad de los documentos técnicos presentados por los industriales de las instalaciones afectadas en las solicitudes de la AAI

Conservación de la biodiversidad

Los incendios forestales siguen una de las principales amenazas de nuestros bosques. En España, cada año se producen una media de 20.000 incendios forestales, que arrasan y destruyen unas 140.000 hectáreas de bosques. Estos siniestros amenazan poblaciones, y terminan con la vida de ciudadanos, incluidos los profesionales de la extinción. La campaña de 2005 fue la peor del decenio en número de incendios forestales: 17 profesionales de la extinción murieron bajo las llamas. En 2006 se produjeron 16.355 incendios forestales en los que ardieron casi 149.000 hectáreas. Y murieron once personas en sucesos relacionados con la prevención, detección y extinción de los incendios forestales.

Sabemos cuantos bosques arden en España cada año. Pero desconocemos en un alto porcentaje las causas y motivaciones que hay detrás de los incendios forestales. Se desconoce si las inversiones que realiza la Administración se aproximan a la inversión mínima que debería realizarse para evitar los incendios forestales. Por otro lado, dados los malos resultados de la campaña de 2005 y el devastador agosto de 2006 en Galicia, cabe preguntarse si la inversión es efectiva, o si habría que poner en marcha mecanismos - incluso menos costosos- basados en una mayor y mejor investigación, en una mejor coordinación, o en adecuar los protocolos de actuación a las situaciones reales. Por otro lado, consideramos que el número de efectivos y medios humanos que trabajan en prevención y extinción de incendios forestales es insuficiente y desarrolla su cometido en condiciones laborales inadecuadas, no cuentan con la formación necesaria ni con las condiciones de seguridad imprescindibles.

Entre los aspectos positivos de la reforma de la Ley de Montes, aprobada en 2006, destacamos el reconocimiento del carácter de policía judicial de los agentes forestales, un cambio que favorecerá la protección del medio ambiente. Sería conveniente, sin embargo, que se crease y se dote cuanto antes el fondo para el patrimonio natural previsto en la norma.

CC.OO. Asturias

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