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En España, Greenpeace lamenta las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en las que afirma que "la biotecnología (en referencia a los transgénicos) es un aliado (contra el hambre) y, en tanto que los científicos y los técnicos nos avalen con el mayor rigor, con el mejor conocimiento, y en la mayor transparencia, no veo razón para no articular su uso". La organización ecologista pide a la ministra que abandone la ambigüedad que muestra en este tema y aclare su postura y la de su ministerio sobre los transgénicos.

Precisamente en estas semanas la UE está debatiendo un nuevo sistema de autorización y evaluación de transgénicos porque el actual ignora los efectos a largo plazo de los transgénicos, las evidencias sobre los daños a la biodiversidad, las opiniones científicas contrarias a los OMG y las preocupaciones de determinados estados miembros. El sistema en vigor tampoco considera la pérdida de variedades y de sabiduría agrícola ni los efectos de la contaminación.

En España sin embargo, el Gobierno permite que se sigan cultivando unas 80.000 hectáreas de maíz transgénico, las cuales entran masivamente en la cadena alimentaria sin ningún control ni transparencia.

En sus declaraciones la ministra afirma trabajar para "mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de forma compatible con la conservación de los recursos naturales". Greenpeace quiere recordar que el Gobierno de España permite variedades que se han prohibido en la mayor parte de los estados productores de maíz de la UE por razones sanitarias o ambientales. Ayer mismo, Francia ha renovado la moratoria que puso en marcha el pasado mes de enero contra el maíz MON 810 basándose en una serie de estudios sobre los riesgos para el medio ambiente. A pesar de esto, el Ejecutivo español ignora esta situación y sigue tolerando que España sea el único país que lo cultiva a gran escala.

Greenpeace reitera que existe un amplio consenso científico que demuestra la peligrosidad de estos cultivos. Numerosas evidencias describen los impactos reales y potenciales sobre la salud de maíces de Monsanto, como el MON 863 (que España importa) o el MON 810 (que España importa y cultiva) o la patata "Amflora" de BASF, cuya aprobación el Gobierno apoya a pesar del rechazo por parte de la OMS, el Instituto Pasteur o la Agencia Europea del Medicamento.

"Si la UE es incapaz de predecir los efectos a largo plazo de estos peligrosos cultivos, los ministros tienen hoy la obligación de actuar para proteger nuestro futuro. Este tipo de declaraciones defienden el interés de las empresas y no el de los ciudadanos", ha afirmado Juan-Felipe Carrasco, responsable de la campaña de Transgénicos de Greenpeace.

Con respecto a la situación mundial de la alimentación, el último informe de la Evaluación internacional del conocimiento, ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola elaborado por cerca de 400 científicos y firmado por 60 países, afirma la urgencia de un cambio radical en el modelo de producción de alimentos. Científicos y representantes de los gobiernos han concluido que los transgénicos no son ninguna solución al alza de precios de los alimentos, la pobreza, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

"Los transgénicos no contribuirán a solucionar el hambre, son una tecnología monopolizada por un grupo de empresas que se comportan como 'dictadores de la alimentación', impiden ejercer el ancestral derecho a guardar e intercambiar semillas, socavan las bases de una agricultura social y medioambientalmente sostenible y concentran la riqueza", afirma Carrasco. "Si el Ejecutivo español quisiera realmente contribuir a una mejoría de la situación mundial, no promocionaría los transgénicos".

Greenpeace pide al Gobierno que si realmente cree en la transparencia, en lugar de afirmar que los transgénicos son "aliados", apoye el proceso europeo para que:

- Los efectos a largo plazo sobre el medio ambiente y los impactos sobre la salud sean considerados en el proceso de autorización, y la evaluación de riesgos de la EFSA (Autoridad Europa de Seguridad Alimentaria) sea suspendida mientras esto no se dé.

- La evaluación de riesgos sea llevada a cabo por organismos independientes que tengan la suficiente experiencia e información. Así mismo, deben implicarse a científicos expertos en medio ambiente y en ecología.

- Se pongan en marcha medidas que eviten la contaminación de las semillas.

- Se garantice que han sido perfectamente evaluados los efectos del empleo de herbicidas en conjunción con cultivos tolerantes a herbicida.

- Se tomen en cuenta los efectos socio-económicos de los transgénicos durante el proceso de aprobación.

- Se otorgue a los estados y a las autoridades locales el derecho a establecer zonas libres de transgénicos.

Greenpeace

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