Video de la acción

Este proceso, iniciado por el Ministerio de Industria mediante la publicación en el BOE el pasado 29 de diciembre de una Resolución solicitando municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear, se ha caracterizado por la falta de transparencia, la ausencia de mecanismos participativos y la falta de información veraz a la población y a los municipios.

En ese sentido, el proceso puede considerarse ilegal pues vulnera claramente los principios jurídicos contenidos en el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio Aarhus (1). Por este motivo, Greenpeace acudirá a los tribunales para impugnar la citada Resolución.

Como han demostrado los hechos, la estrategia seguida por el Ministerio que dirige Miguel Sebastián ha consistido en tentar a los alcaldes con dinero público (de los fondos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA) para tratar de conseguir que los municipios se ofreciesen como candidatos a albergar el cementerio nuclear, sin importar ni si quiera si se había tenido en cuenta la opinión de los vecinos, la de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad autónoma.

“El proceso ha sido un esperpento. ENRESA ha ido fomentando “cacicadas” en los pueblos. Hemos constatado que ENRESA ha alentado a los alcaldes de diversos municipios a que primero aprobasen en Pleno la candidatura y que luego, si querían, informasen a sus vecinos de la decisión tomada. Algún alcalde, como el de Villar del Pozo (Ciudad Real) presentó la candidatura sin tan siquiera realizar el Pleno correspondiente“, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

Paralelamente, ENRESA y el Ministerio de Industria han llevado a cabo una intensa campaña de desinformación con el fin de promocionar el cementerio nuclear (denominado “Almacén Temporal Centralizado”, ATC), minimizando sus riesgos, mintiendo sobre la supuesta urgencia del mismo y falseando aspectos económicos relacionados, como el verdadero coste de mantener en Francia los residuos radiactivos procedentes del reprocesamiento del combustible nuclear gastado de la central Vandellós-1 (cerrada en 1990 tras un accidente), enviados al país vecino desde 1972 hasta mediados de los 90.

Además estos organismos han obviado deliberadamente informar sobre la verdadera naturaleza del denominado “Centro Tecnológico Asociado” al ATC, en realidad una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación nuclear. Su funcionamiento implicaría tener que poner en marcha un reactor nuclear experimental, instalaciones para el reprocesamiento y elaboración de elementos combustibles nucleares para ese reactor, con los riesgos de accidentes nucleares y escapes de radiactividad inherentes a su funcionamiento, y generación de nuevos residuos. Ya en 1971 se produjo un grave escape de agua altamente radiactiva en el reactor experimental JEN-1, en la antigua Junta de Energía Nuclear, hoy CIEMAT.

A pesar de todo su esfuerzo, el Ministerio sólo ha logrado publicar una lista con 13 candidatos, de los 8.112 municipios que existen en España. En dicha lista, publicada a última hora del miércoles, incluían a un municipio (Campo de San Pedro, Segovia) que presentó su candidatura fuera de plazo (a pesar de que días antes la Corporación emitió un comunicado declarando que no iba a presentar su candidatura). También incluyó al municipio segoviano de Santiuste de San Juan Bautista. que el lunes 1 de febrero celebró un Pleno para retirar la candidatura que había presentado el viernes 29 de enero, de lo cual informaron los medios de comunicación. Varios pueblos más, como Torrubia de Soria, incumplen claramente algunas de las bases de la propia convocatoria del Ministerio.

Greenpeace

Nota:
(1) El convenio Aarhus, fue elaborado en la ciudad de Aarhus (Dinamarca) el 25 de junio de 1998, ratificado por España mediante instrumento de 15 de diciembre de 2004 y en vigor en nuestro país desde el 29 de marzo de 2005

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