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El 95% de las grandes empresas asturianas no cumple con la legislación ambiental Sólo 3 empresas asturianas, de las 60 obligadas a tener la AAI. (Autorización Ambiental Integrada), lo han solicitado. Esta autorización viene impuesta por la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación que es una transposición de una Directiva Comunitaria. La Coordinadora Ecologista solicita a la Consejeria de Medio Ambiente que proceda a sancionar a las empresas que no tengan la AAI.

Medio Ambiente asegura que las 60 empresas que deben adaptarse a la Ley de Control de Contaminación solicitaron la Autorización Ambiental en el plazo reglamentario

 

La directora de Agua y Calidad Ambiental rechaza las afirmaciones de la Coordinadora Ecologista de Asturias de que sólo tres empresas pidieron la Autorización Ambiental Integral

22-Diciembre-2007 Nota de prensa del Gobierno del Principado


Acería de Avilés -Foto AsturiasVerde.com-
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural asegura que las 60 empresas asturianas que tienen que adaptarse a las previsiones de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación solicitaron en el plazo reglamentario, es decir, antes del 1 de enero de 2007, la Autorización Ambiental Integrada, una de las exigencias de la nueva reglamentación.

La Consejería responde así a un escrito de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies en el que señala que sólo tres empresas asturianas en funcionamiento han solicitado en tiempo y forma la citada autorización, por lo que los ecologistas reclaman la sanción o paralización de las 57 instalaciones restantes. La Dirección General de Agua y Calidad Ambiental, que dirige Vanesa Pérez, niega estas afirmaciones y asegura que dicha obligación fue satisfecha por el total de las instalaciones existentes.

Respecto a los plazos de las autorizaciones, la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en una de sus disposiciones finales que si la solicitud de la autorización ambiental integrada se presentara antes del día 1 de enero de 2007 y el órgano competente no hubiera dictado resolución antes del 30 de octubre de 2007, las instalaciones existentes podrán continuar en funcionamiento de forma provisional hasta que se dicte dicha resolución por un plazo máximo de seis meses, es decir, hasta el 30 de abril de 2008.

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