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Sindicatos y asociaciones ecologistas y empresariales piden a Industria una rectificación de la propuesta de regulación para la energía eólica UGT, CCOO, Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF/ADENA, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) consideran que la reducción de la retribución de la energía eólica pone en peligro el futuro de ésta en nuestro país 2-Enero-2007 Nota de prensa de las organizaciones citadas |
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Para estas entidades la propuesta de Real Decreto presentada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tendrá consecuencias económicas, sociales y medioambientales negativas, por lo que requiere de una rectificación inmediata. La energía eólica en España ha consolidado un sector industrial y económico que ha conseguido situarse a la vanguardia mundial. Se trata, además, de uno de los pocos casos de liderazgo tecnológico y empresarial de nuestro país en una actividad que crea empleo (31.000 puestos de trabajo directos e indirectos que podrían llegar a 60.000 en 2010) y que genera un alto valor añadido con uno de los índices más altos de inversión en investigación, desarrollo e innovación. Los resultados de este sector tienen, además, un fuerte impacto positivo en la balanza comercial española. La generación eólica es, en la actualidad, el pilar fundamental que nos acercará al cumplimiento de los objetivos nacionales de energías renovables y del Protocolo de Kioto. La energía eólica sirve, asimismo, para reducir nuestra dependencia energética exterior, la más alta de la Unión Europea. Un cambio profundo con efecto retroactivo El vigente Real Decreto 436/2004 preveía la revisión periódica de primas y tarifas que perciben los productores de energía eólica, a la luz de la marcha del sector y con el fin de adaptarlas también a las condiciones del mercado, revisión que se definiría en este ejercicio 2006 y sería de aplicación a partir del año 2008, sin carácter retroactivo. En todo caso, las consecuencias de la propuesta presentada, supone la introducción de una elevada incertidumbre regulatoria, así como una notable reducción de la rentabilidad de estas inversiones, poniendo en riesgo su desarrollo futuro.
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