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Multazo a Arcelor Mittal por el vertido contaminante en la ría de Avilés del pasado mes de noviembre

La Consejería de Medio Ambiente emite la propuesta de resolución del expediente sancionador a Arcelor Mittal por el vertido de Avilés por importe de 327.000 euros. La sanción incluye multa e indemnización por daños y perjuicios al medio ambiente y la repercusión de los costes de limpieza del pedrero y del arenal. La resolución considera que los hechos constituyen una infracción “grave”. La empresa infractora tiene ahora diez días de plazo para formular alegaciones, el paso previo necesario para emitir la resolución definitiva

29-Enero-2008 Nota de prensa de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno del Principado de Asturias


Manchas de galipote en las orillas de la ría de Avilés -Foto del Blog Paxaros en la ria de Avilés-

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que dirige Belén Fernández González, ha remitido la propuesta de resolución del expediente sancionador incoado a la empresa Arcelor Mittal España S. A. por el vertido de hidrocarburo a la ría de Avilés, ocurrido el pasado 20 de noviembre. Según la resolución de la Consejería, los hechos probados constituyen una infracción administrativa de la Ley de Costas calificada como “grave”. La sanción asciende a 327.240,07 euros, de los que 200.337 corresponden a la multa; 28.747,07 en concepto de indemnización de daños y perjuicios; y 98.156,80 euros por la repercusión de los costes de limpieza del pedrero y el arenal. Tras la emisión de la propuesta, la empresa tiene diez días de plazo para formular alegaciones, el paso previo necesario para poder emitir la resolución definitiva.

La Consejería abrió el expediente sancionador hace dos meses por la aparición en la ría de Avilés de un vertido de alquitrán, tras constatar el personal técnico del Servicio de Calidad del Agua de la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental que las muestras recogidas del vertido coincidían con la identidad de las halladas en un canal Parshall del colector número 5 de la factoría de Arcelor Mittal.

En dicho conducto, de nueva construcción, se hallaron restos de alquitrán en el fondo, coincidentes con el alquitrán del vertido. La Consejería actuó con total “diligencia e inmediatez” ya que determinó la apertura del expediente sancionador apenas tres días después de producirse los hechos y tras las comprobaciones de inspección desarrolladas por los técnicos. Además de la acción inspectora, la Consejería inició las labores de limpieza al día siguiente de detectarse el vertido, cuyo coste se repercute en la sanción propuesta a la empresa infractora.

En la cuantificación de la sanción, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural tuvo en cuenta que en la zona de la ría de Avilés ya se habían realizado por la Administración del Principado actuaciones de recuperación ambiental (limpieza de lodos, recuperación de cauce, etcétera), por lo que el vertido se considera de mayor gravedad que el que pudiera haberse producido en una zona ya contaminada.

Según la Administración, queda claro que la calidad de las aguas y de su entorno son un aspecto importante para la recuperación ambiental y la conservación de la zona, además de que el área de San Balandrán en la ría de Avilés está incluida en el área de valores naturales donde se intentan prevenir los efectos negativos de actuaciones lesivas para el medio ambiente. Esta prevención adquiere especial relevancia al comprender el área afectada del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y la ensenada de Llodero.

Igualmente, se ha tenido en cuenta su repercusión, no sólo sobre el espacio ya recuperado ambientalmente sino también en la opinión pública y en la colectividad en general y, particularmente, en la avilesina. Por otra parte, la conducta de la empresa negando los hechos del pasado 20 de noviembre ha obligado a la Administración Pública a tener que asumir las labores de recuperación y reparación de la zona de forma inmediata, ante las afecciones producidas al medio y la alarma social creada. Todos estos argumentos aumentan la gravedad de los hechos, según recoge la propuesta de resolución.

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